En poco más de un mes, la robusta fisonomía de las columnas que durante casi cuatro décadas sostuvieron el modelo de estabilidad y crecimiento comenzaron a derrumbarse frente a una masiva impugnación social. En cambio, lo que viene gestara un nuevo pacto político, social y económico, que esperamos permita resolver la crisis presente e impulsar una nueva trayectoria de desarrollo y democracia por las próximas décadas. Sin embargo, la incorporación de las políticas públicas en este nuevo contexto, implica un cambio, una reforma sustantiva en la concepción tradicional de políticas públicas que acompañaron al modelo vigente en las últimas décadas.

En primer lugar, un nuevo pacto impone ampliar el arco de los temas de interés que se consideraba eran una problemática pública, y que hasta el presente no encontraban un espacio formal en el interés de la sociedad chilena y regional. Un ejemplo de aquello, será la incorporación y ampliación de los derechos relacionados con las minorías, el género, los pueblos indígenas, los adultos mayores, los derechos ambientales, los recursos naturales o los derechos territoriales entre otros, los cuales emergerán con mayor fuerza que en el pasado, demandando una renovada atención de parte de los gobiernos y los recursos estatales.

En segundo lugar, una nueva concepción de política pública implica desplazar la concepción de la génesis de estas como el oficio de unos pocos localizados en la cima del aparato público, ya sea en la figura de expertos, burócratas de escritorio o políticos a un enfoque diametralmente diferente, que deberá priorizar las preocupaciones ciudadanas por sobre la influencia de pequeños grupos de interés. Lo que se señala, pareciera no ser novedad; sin embargo, en nuestro país las génesis tradicionales de las políticas han sido de arriba- bajo, las problemáticas que se abordan han estado distantes de los ciudadanos y del territorio en que se implementan. En adelante, las respuestas públicas deberán incorporar la participación ciudadana como eje de preocupación, lo cual es un tremendo desafío, que requiere aumentar la calidad y profundidad de aquellos canales, como la cuenta pública de los agentes públicos, la participación vinculante, los canales de información y transparencia frente a los ciudadanos en el proceso de toma de decisiones.

Finalmente, la ampliación de derechos, no significa que las políticas en adelante perderán rigurosidad o eficiencia, sino que, por el contrario, deberán incorporar una preocupación robusta por la economía, el crecimiento, la productividad, la diversificación y la competitividad territorial. Sin embargo, aquella preocupación debiera estar incorporada en un marco y un enfoque diferente; hasta ahora, la economía y sus actividades más relevantes, han sido una variable estructural cuyo comportamiento y autonomía han estado de diferente manera distantes de las regiones o los territorios donde realizan sus operaciones. En adelante, las políticas públicas deberán hacerse cargo de tender puentes entre la economía y la sociedad regional, o sea dar un sentido democrático y de desarrollo inclusivo al crecimiento económico.

 

Cristian Rodríguez S.
Director del Instituto de Políticas Públicas de la UCN.

 

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